[Todos] Fwd: Circular N° 32-20 - CDC - Declaración referente al Decreto 90/2020 del Poder Ejecutivo.

Mar Jun 2 11:05:10 ART 2020

---------- Mensaje reenviado ---------
De: Comunicaciones <comunic at oce.edu.uy>
Fecha: El mar, 2 de jun. de 2020 a la(s) 11:41
Asunto: Circular N° 32-20 - CDC - Declaración referente al Decreto 90/2020
del Poder Ejecutivo.
Para:

*División Secretaría General*

*Sección Comunicaciones*

*E-mail: comunic at oce.edu.uy <comunic at oce.edu.uy> *

*Circular N° 32-20 - CDC*
*Exp.: **011000-001589-20*

                                Montevideo, 2 de junio de 2020

*SR. DECANO/DIRECTOR/JEFE*

*_______________________*

De mi mayor consideración:
Para su conocimiento y demás efectos, cúmpleme comunicarle la Resolución N°
28 adoptada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la
República, en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 2020:

Emitir la siguiente Declaración:

El 11 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 90/2020 que
fija la ejecución presupuestal de los organismos de la administración
central para el año 2020 en un 85% de los créditos comprometidos en 2019 en
los rubros de gastos e inversiones. Asimismo, dicho Decreto prohíbe proveer
los cargos vacantes al 31 de Diciembre de 2019 y permite la renovación de
sólo un tercio de aquellas vacantes que se generen, con excepción para
ciertos sectores del ámbito docente, de la salud, el Ministerio del
Interior y las Fuerzas Armadas (1).

El decreto exhorta a los organismos del artículo 220 de la Constitución de
la República, como la Universidad, “a adoptar en el ámbito de sus
competencias las medidas que en este Decreto se establecen”.

La Universidad de la República no puede cumplir con esta exhortación porque
afectaría severamente funciones cuyo valor es mucho mayor que el ahorro, e
implicaría un costo irreparable para el país.

La Universidad de la República emplea en forma transparente y eficiente su
presupuesto, que ejecuta cada año a más del 99,9%. Se debe puntualizar algo
importante y negativo: las partidas de gastos e inversiones  desde el año
2001 no se han actualizado por coeficientes de ajuste para mantener el
poder adquisitivo, sino que a partir de ese año, las asignaciones que se
han aprobado han tenido que absorber las pérdidas del valor real. El
presupuesto de gastos e inversiones de la Universidad no se ha actualizado
desde 2001 ni con el IPC ni con el índice de costos de la construcción, con
lo cual en los hechos ha tenido una reducción más que drástica.  Sin
embargo, la Universidad ha cumplido lo mejor posible, a una velocidad menor
que la prevista, con el compromiso adquirido con el Poder Legislativo que
asignó fondos para sedes en el territorio, por ejemplo, o para mejorar la
infraestructura.

Reducir gastos e inversiones en un 15% significaría dejar deteriorar los
edificios universitarios, que forman parte del patrimonio de todos los
uruguayos, no contar con insumos básicos en el Hospital de Clínicas o en
los comedores universtitarios.

La Universidad ha incrementado todos los índices de su actividad,
cumpliendo sus compromisos con la sociedad. En 2009 tenía 83.402
estudiantes y en 2019 139.830; los estudiantes de posgrado pasaron de 6351
en 2012 a 8367 en 2019; en 2009 se dictaban 89 carreras de grado, 26
tecnicaturas y 165 carreras de posgrado, y 10 años después esos hay son 98,
46 y 316, respectivamente; el número de egresados de grado se incrementó en
28% entre 2008 y 2018 (2) y el de posgrados en 179% en el mismo período.
Entre esos años la Universidad expandió su presencia permanente a buena
parte del país y hoy tiene sedes, además de Montevideo, en Artigas, Salto,
Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha
y Maldonado. Se podrían mencionar muchos otros indicadores en el terreno de
la atención de la salud, la producción científica o la extensión, pero esta
muestra ilustra un hecho innegable: su actividad ha crecido mucho más que
el presupuesto medido en dinero, en horas docentes o de funcionarios
técnicos, administrativos y de servicios.

Los incrementos obtenidos, aunque fueron importantes, han sido notoriamente
insuficientes para acompañar el incremento de la actividad universitaria
que el país necesita y demanda. El esfuerzo realizado por encima de los
recursos tiene su contracara, como grupos demasiado numerosos, edificios
con escasez de personal, y buenas ideas que no pueden llevarse a cabo, como
carreras -aprobadas y esperadas- sin financiamiento, edificios -necesarios
y útiles- sin suficiente personal para asegurar su correcto funcionamiento
incluyendo su vigilancia e higiene, las dificultades para que el proceso de
descentralización pueda consolidarse, jóvenes investigadores en los que el
país ha invertido mucho que no encuentran inserción institucional y podrían
emigrar.

Veamos algunos ejemplos de las consecuencias que traería aplicar un recorte
como el sugerido en las partidas de gastos e inversiones de la Universidad.
Se afectaría:
•    La política de becas de posgrado que otorga la Comisión Académica de
Posgrados, que explica un porcentaje importante de la formación de posgrado
en el país pues se otorgan unas 150 por año (como una beca dura varios años
hay alrededor de 350 estudiantes de posgrado becados por la Universidad),
número similar al que otorga la ANII.
•    La compra de insumos necesarios para garantizar la atención a la salud
que se realiza a través del Hospital de Clínicas. Cabe destacar que
alrededor del 40% de lo que se recibe  para gastos de funcionamiento tiene
como destino los proveedores del referido Hospital.
•    Las becas que otorga la institución a estudiantes de bajos ingresos
para poder seguir sus estudios universitarios.
•    Los suministros de material didáctico para garantizar la enseñanza en
condiciones decorosas a más de 139.000 estudiantes (repuestos para los
cañones, marcadores, etc.), así como el mantenimiento del mobiliario
utilizado en enseñanza en las diversas sedes de la institución.
•    El financiamiento de la investigación científica, que requiere
insumos, equipamiento de diverso porte, poder publicar y asistir a eventos
científicos. De esta manera se estaría afectando de manera directa la
soberanía científica y tecnológica cuya importancia ha quedado de
manifiesto en estos tiempos de pandemia.

Además, no se podría cumplir las obligaciones derivadas de pleitos a los
que estamos expuestos, cuando el resultado es negativo para la institución.
Esto a la larga implicaría costos mayores para el Estado.

Por último, hay que tener en cuenta que alrededor del 80% de lo que se
solicita para el pago de inversiones tiene como destino las obras del Plan
de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP) y las inversiones del Hospital de
Clinicas. Hay varios edificios universitarios en construcción. Se trata de
inversiones necesarias y largamente esperadas, que se planificaron a fin de
ejecutarlas eficientemente. A modo de ejemplo, está previsto culminar el
edificio de laboratorios de investigación en la sede Salto del CENUR
Litoral Norte, que incluirá el primer Laboratorio de bioseguridad nivel 3
del país (tan útil ante casos como la pandemia de COVID-19), la nueva
Facultad de Veterinaria en la zona noreste de Montevideo o el edificio
destinado a enfermería y las escuelas médicas. En varias sedes del interior
hay obras necesarias ante el aumento bienvenido de la matrícula
estudiantil. Se pretende parar esas obras? No equiparlas con mobiliario?

Por otro lado, veamos las consecuencias si se aplicara la limitación para
suplir vacantes en el personal técnico, administrativo y de servicios de la
Universidad. La política de regionalización y el incremento de la matrícula
universitaria han implicado un importante aumento de la planta física en
todo el país, mucha de ella dedicada a la enseñanza directa. Al día de hoy
existe un déficit en el número de funcionarios requeridos para asegurar la
limpieza, seguridad y mantenimiento adecuados, por lo que aplicar la
reducción solicitada afectaría fuertemente la posibilidad de funcionar en
dichos edificios.

Hoy los desembolsos financieros que recibe la Udelar para el pago de sus
proveedores de bienes y servicios, no son suficientes para el pago de los
compromisos asumidos, especialmente en inversiones.  Los ejemplos
mencionados, que son solo una fracción de las numerosas dificultades que
cumplir la exhortación del Decreto implicará, hacen totalmente
inconveniente su aplicación y nos permiten afirmar, como se dijo más
arriba, que seguir esta exhortación implicaría un costo mayor para el país
que el no hacerlo.

Hemos visto como una buena señal que se ha exceptuado del recorte al
programa de desarrollo de las ciencias básicas, por criterios que sin duda
aplican a la universidad y a los organismos que realizan investigación, que
son los que sostienen laboratorios, salarios y becas.

La crisis sanitaria ha hecho evidente un concepto que tal vez no se tenía
claro: la soberanía no es sólo política ni alimentaria; hay una soberanía
del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Para eso es necesario
preservar y acrecentar edificios, laboratorios y sobre todo grupos humanos
capacitados, que estén actualizados con respecto al conocimiento mundial,
tanto de profesionales de todas las áreas como de investigadores capaces de
aportar nuevas soluciones. Ese es nuestro recurso más precioso, que se
demora mucho en construir y se puede perder rápidamente.

La exhortación del decreto se ha traducido en recortes efectivos  de los
créditos presupuestales en los últimos meses.  Esta situación, además de
afectar las áreas reseñadas anteriormente, coloca en serio riesgo la
capacidad de respuesta de la Universidad de la República ante la pandemia.
Los gastos incrementales imprescindibles para operativizar la enseñanza
(derecho de uso de plataformas digitales, horas docentes para sostener su
funcionamiento, apoyo directo de los estudiantes más vulnerados por parte
de pares y docentes, adquisición de centenares de computadoras personales y
soluciones de conectividad),  para sostener el bienestar de nuestros
estudiantes a través de la compra de tickets de alimentación, para brindar
servicios tecnológicos para la atención sanitaria  (funcionamiento de los
laboratorios del Hospital de Clínicas, laboratorio de virología molecular
de Salto, del laboratorio conjunto con otras instituciones en Tacuarembó,
instrumentación de planes de contingencia en el Hospital de Clínicas,
etc.)  no son sustentables en un escenario de recortes presupuestales en el
rubro de gastos e inversiones.

El Consejo Directivo Central, después de un cuidadoso análisis, considera
que no es posible seguir la exhortación del decreto nombrado sin menoscabo
de las funciones básicas que la Universidad de la República debe a la
sociedad.

(1) Por Decreto 135/2020 del 28 de abril de 2020
(2) Ultimo año para el que hay datos cerrados de egresos.

(17 en 17)

Fdo. Sr. Daniel Rodríguez – Director de División Secretaría General

-- 
Mercedes Perez
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